El pasado 6 de mayo de 2020, desde el Columbia Center on Sustainable Investment, un grupo de reconocidos profesionales en las ciencias económicas, Derechos Humanos y Sostenibilidad, pusieron en marcha una iniciativa de promover la suspensión de todas las reclamaciones de arbitraje Inversor–Estado a raíz del Covid-19.
En las consideraciones, se realiza un llamamiento a la reflexión de empresas, organismos multilaterales, abogados y árbitros, teniendo en cuenta la amenaza que la pandemia representa, particularmente en países en desarrollo, como ha sido anunciado por el Secretario General de Naciones Unidas.
En atención a estas preocupaciones, los miembros del G20 han determinado la congelación de la deuda soberana para los países menos desarrollados, hasta fines de 2020, medida a la que han anunciado sumarse organismos privados como el International Institute of Finance, que engloba a 450 bancos, hedge funds y otras firmas financieras globales. Se trata de una medida extraordinaria que, con probabilidad, requerirá otras similares en adelante.
El pronunciamiento está dirigido a las posibles reclamaciones de arbitraje por parte de empresas privadas contra Estados basadas en estándares de protección de inversiones. Se promueve la restricción permanente de todos los reclamos de arbitraje internacional relacionados con medidas gubernamentales dirigidas a sobrellevar los problemas de salud, económicos y sociales que dejará la pandemia y sus efectos.
Tres razones se han expuesto en el pronunciamiento para aplicar dicha suspensión:
Primera. Las medidas de emergencia crearán cambios sin precedentes en el entorno empresarial y probablemente desencadenarán una gran cantidad de reclamaciones de inversión. Los inversores extranjeros podrían alegar que han dejado de percibir utilidades esperadas conforme a tratados de inversiones. Sin embargo, ante la actual situación, los gobiernos están obligados a proteger bienes jurídicos como la vida y la salud de sus ciudadanos, sin temor a demandas internacionales.
Segunda. Los gobiernos deben dirigir su atención al control urgente de la crisis del Covid-19, y no enfocar esfuerzos vinculados a posiciones de grupos empresariales y accionistas, que podrían utilizar la crisis de salud pública, como instrumento para invocar estándares de protección de inversiones y de esa manera ejercer presión económica a los Estados.
Tercera. Los laudos contra Estados en reclamaciones de esta naturaleza en ocasiones representan altos porcentajes en los presupuestos generales de los gobiernos. En caso de una potencial hostilidad legal, se generarían múltiples demandas que afectarían en gran medida a la compleja situación presupuestaria a la que se enfrentarán los países en el contexto actual y en el escenario post-pandemia.
Por ello, se ha solicitado la suspensión de las reclamaciones de arbitraje Inversor-Estado hasta que la pandemia haya sido totalmente controlada y los gobiernos hayan acordado los principios necesarios para garantizar la buena fe en el cumplimiento de obligaciones frente a la inversión extranjera.
El pronunciamiento está dirigido a Estados, agencias especializadas de Naciones Unidas, al Grupo Banco Mundial, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a otras organizaciones multilaterales, abogados, árbitros y sociedad civil en su conjunto.
Fuente: Columbia Center on Sustainable Investment.
JM Beneyto & Asociados
Las ideas expresadas tienen mero carácter informativo y no comportan asesoramiento legal, ni opinión oficial de la firma y sus abogados.
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!